Decenas de conductores de Uber y de otras empresas de redes de transporte (TNC) viajaron hoy a Olimpia para expresar su preocupación por las políticas propuestas que limitarían su voz en el trabajo. Los conductores también se reunieron con legisladores para debatir cuestiones como la seguridad pública, la seguridad de los conductores, la normativa sobre seguros, las condiciones de trabajo y los bajos salarios.

"Conducir para Uber se ha convertido en un camino hacia la pobreza", afirmó Tracey Thompson, Secretaria-Tesorera de Teamsters Local 117. "Sabes que algo va mal cuando tienes una empresa valorada en 40.000 millones de dólares y sus conductores no pueden permitirse pagar el alquiler o poner comida en la mesa para sus familias".  

Uber recortó recientemente el salario de los conductores de la noche a la mañana en un 15%. Los conductores de Uber dicen que ahora ganan menos de la mitad de lo que ganaban hace dos años.

"Necesitamos un trato justo, dignidad y voz en el trabajo. Por eso estamos hoy aquí: para detener las políticas que nos quitarían la voz", dijo Hussein Farah, conductor de Uber desde hace más de un año.

En particular, los conductores se manifestaron en contra de un proyecto de ley que permitiría a las empresas transnacionales como Uber adelantarse a las leyes y normativas locales que regulan el sector del transporte personal.  

El proyecto de ley 5550 del Senado impediría a las ciudades y los condados regular las empresas de transporte TNC y cedería ese poder al Estado. Las jurisdicciones locales, como la ciudad de Seattle, el condado de King o el puerto de Seattle, perderían el poder de aprobar leyes que regulen la seguridad pública, la seguridad de los conductores, los requisitos de seguro, la comprobación de antecedentes, la formación y las condiciones de trabajo de los conductores. Los conductores afirman que la SB 5550 interpone un obstáculo entre ellos y sus cargos electos locales y limita su capacidad para influir en sus salarios y condiciones de trabajo.

Representantes de la ciudad de Seattle, el condado de King y el puerto de Seattle también han expresado su preocupación por el proyecto de ley.